Venta de una unidad productiva en insolvencia

Comprar una actividad exige delimitar qué se transmite

La venta de una unidad productiva permite transmitir un conjunto organizado de medios capaz de desarrollar una actividad económica. Puede preservar clientes, empleo y valor que se perderían vendiendo cada activo por separado. Pero el adquirente no compra automáticamente un negocio libre de toda obligación: debe delimitar activos, contratos, plantilla, permisos, garantías y responsabilidades legales. El texto refundido de la Ley Concursal regula vías y efectos específicos para estas operaciones. 1

Para el vendedor y sus acreedores, el objetivo es obtener la solución más conveniente para el concurso. Para el comprador, el riesgo principal consiste en valorar únicamente el precio y descubrir después obligaciones imprescindibles para explotar la actividad.

Elegir la vía de venta

Puede prepararse una oferta vinculante que acompañe a la solicitud de concurso, conforme al artículo 224 bis. Esta vía prevé publicidad, posibilidad de ofertas alternativas, evaluación por la administración concursal y decisión judicial. El oferente debe comprometerse a continuar o reiniciar la actividad durante al menos tres años. El incumplimiento puede generar indemnización a los afectados. 1

Existe también el nombramiento previo de experto para recabar ofertas, conocido habitualmente como preparación de una venta o prepack. Es posible en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o actual. El nombramiento no suspende por sí solo el deber de solicitar concurso cuando existe insolvencia actual. En esta modalidad, el artículo 224 septies establece un compromiso mínimo de continuidad de dos años y prohíbe actuar por cuenta del propio deudor. No deben confundirse ambos compromisos temporales. 1

Dentro del concurso existen reglas de realización, subasta y venta directa autorizada. La oferta más alta no determina mecánicamente todos los casos: la ley permite valorar continuidad y empleo en los supuestos y márgenes previstos. Una preferencia necesita fundamento en el interés del concurso, no una adjudicación privada encubierta.

El perímetro tiene que poder ejecutarse

La oferta debe identificar máquinas, existencias, inmuebles o arrendamientos, derechos de propiedad intelectual, dominios, licencias, contratos de clientes y proveedores, bases de datos y relaciones laborales. También debe explicar qué queda excluido y cómo funcionará la unidad al día siguiente de la entrega.

Un negocio cuya marca pertenece a otra sociedad del grupo, cuyo local puede perderse o cuya autorización administrativa no acompaña la operación necesita resolver esas dependencias. Los contratos necesarios para la continuidad cuentan con un régimen de subrogación, pero los contratos administrativos siguen su normativa específica. La transmisión de licencias vinculadas a instalaciones y continuidad también exige comprobar los presupuestos legales. 1

La información comercial y personal debe facilitarse con medidas proporcionadas: acceso limitado, confidencialidad y datos pertinentes. La revisión de nóminas, clientes o historiales no autoriza una divulgación indiscriminada. El cambio de titularidad exige gestionar sus obligaciones de protección de datos. 2

Plantilla y Seguridad Social

La adquisición de una unidad productiva comporta sucesión de empresa a efectos laborales y de Seguridad Social en los términos de la ley. El juez del concurso tiene competencia exclusiva para declarar la existencia de esa sucesión y delimitar activos, pasivos y relaciones laborales que integran la unidad. Puede solicitar informe de la Inspección de Trabajo. 1

Debe distinguirse la regla general de no asumir deudas anteriores de sus excepciones. Entre ellas están las asumidas expresamente, las impuestas por ley y las laborales y de Seguridad Social correspondientes a trabajadores en cuyos contratos se subroga el adquirente. El juez puede excluir determinadas cantidades asumidas por FOGASA en los términos legales. No equivale a poder borrar cualquier deuda laboral por una frase en la oferta.

La revisión necesita relación de trabajadores, antigüedad, salarios, litigios, incapacidades, cotizaciones y posibles responsabilidades. Describir solo el número de puestos conservados resulta insuficiente si existe conflicto sobre qué empleados están adscritos a la actividad transmitida.

Activos con hipotecas o prendas

Cuando hay bienes afectos a privilegio especial dentro de la unidad, el precio y la situación de las garantías tienen reglas propias. La transmisión libre de cargas, la atribución proporcional del precio y el consentimiento de acreedores dependen, entre otros elementos, del valor de la garantía y de la cuantía ofrecida. El artículo 214 contempla mayorías específicas cuando el precio no alcanza ese valor. 1

Una oferta debe indicar si asume garantías o pretende su cancelación y justificar cómo se satisface al acreedor afectado. No basta una tasación global del negocio si impide conocer el tratamiento de los bienes gravados. También debe diferenciarse deuda privada de crédito público y comprobar los límites legales de subrogación.

Documentos, plazos y cierre

El comprador necesita acreditar solvencia, disponibilidad de fondos, condiciones suspensivas y calendario de ejecución. La oferta debe detallar precio, impuestos y gastos, garantías de cumplimiento, personal, contratos y compromiso de actividad. Si requiere autorización de competencia o supervisión, el plazo debe permitir obtenerla y prever qué sucede si falla.

En la vía del artículo 224 bis hay quince días hábiles para observaciones de acreedores personados y ofertas alternativas, con trámites posteriores breves de informes y mejora. Es imprescindible vigilar la resolución y la publicidad concreta. Los plazos de una negociación comercial previa no sustituyen los judiciales. 1

Tras adjudicar, se prepara una lista de cierre: pagos, entrega, inventario firmado, accesos, registros, comunicaciones laborales, cambio de facturación y continuidad de suministros. La resolución judicial es central, pero la transmisión debe completarse materialmente para evitar interrupciones.

Ejemplo ficticio

Una panificadora insolvente recibe una oferta de 180.000 euros por su obrador y doce empleos. Las máquinas tienen prenda, el local es arrendado y la marca pertenece a un socio. La oferta aparentemente viable deja de serlo si no permite usar la marca o continuar en el local. El expediente debe resolver esas dependencias, concretar el tratamiento de la prenda y valorar deudas laborales vinculadas a los contratos transmitidos. El precio aislado no describe el coste real de adquirir la actividad.

Preguntas frecuentes

¿El comprador paga todas las deudas de la sociedad?

La ley establece una regla de no asunción y excepciones relevantes. Además, el régimen favorable no se aplica del mismo modo a adquirentes especialmente relacionados con el concursado. 1

¿Se necesita el consentimiento de cada proveedor?

Existe subrogación legal para contratos necesarios en los términos del artículo 222, con exclusiones y reglas especiales. Hay que identificar cada contrato y su régimen.

¿La preparación de ofertas evita presentar concurso?

El nombramiento de experto para recabarlas no elimina el deber de solicitarlo dentro del plazo legal cuando existe insolvencia actual. La preparación debe coordinarse con ese calendario.