Rescisión de operaciones anteriores al concurso

Una operación válida puede rescindirse por perjudicar al concurso

La rescisión concursal permite reintegrar al patrimonio determinados actos perjudiciales realizados antes del concurso, aunque no exista intención fraudulenta. No exige demostrar en todos los casos que el deudor quiso esconder bienes. Puede alcanzar pagos, garantías, ventas u otras operaciones si concurren el período legal, el perjuicio y los demás requisitos. 1

Para el acreedor, sirve para recuperar valor que salió indebidamente del patrimonio común. Para quien contrató con una empresa en dificultades, exige conservar pruebas del precio, la contraprestación y la justificación económica de lo realizado. Un contrato firmado y pagado no queda inmune únicamente por su apariencia formal.

El período que se revisa

La regla general comprende actos perjudiciales realizados dentro de los dos años anteriores a la solicitud de declaración de concurso y los realizados desde esa solicitud hasta la declaración. El punto de referencia inicial no es siempre el auto: confundir solicitud y declaración puede dejar fuera operaciones relevantes o incluir otras incorrectamente. 1

Existe un régimen adicional vinculado a comunicaciones de negociaciones, con requisitos temporales y condiciones sobre el resultado de la reestructuración y el concurso posterior. Además, ciertos actos pueden impugnarse mediante acciones generales de nulidad u otras, sujetas a sus propios presupuestos. Que una operación quede fuera del período ordinario de rescisión no demuestra por sí solo que sea intocable.

Debe construirse una cronología con solicitud, comunicaciones previas, eventuales prórrogas, homologaciones y declaración. El contrato, la entrega del bien, la constitución de garantía y el pago pueden tener fechas distintas; interesa identificar exactamente qué acto se impugna.

Presunciones y prueba del perjuicio

La ley establece supuestos en los que el perjuicio se presume sin admitir prueba en contrario, como determinados actos gratuitos, con la excepción de liberalidades de uso, y ciertos pagos anticipados. Otros supuestos admiten prueba en contrario: operaciones onerosas con personas especialmente relacionadas, garantías de obligaciones preexistentes y determinados pagos anticipados de créditos garantizados. 1

Fuera de las presunciones, corresponde a quien ejercita la acción probar el perjuicio patrimonial. Una venta por debajo del mercado, una garantía nueva sin financiación adicional o una preferencia injustificada pueden requerir explicación económica detallada. Tampoco todo pago a un acreedor implica automáticamente perjuicio rescisorio: deben analizarse circunstancias, normalidad y función de la operación.

La relación especial con socios, administradores o entidades del grupo tiene definición legal. No basta sospechar cercanía personal. La fecha del vínculo, participación y cargo pueden ser relevantes para determinar la presunción aplicable.

Operaciones protegidas y defensas útiles

Los actos ordinarios de la actividad realizados en condiciones normales no son rescindibles por esta vía. La defensa debe acreditar ambas cosas: que la operación pertenecía al giro habitual y que precio, plazo, garantía y ejecución eran normales. Una venta excepcional del principal activo a un socio no se convierte en ordinaria porque la sociedad vendiera productos habitualmente. 1

También existen protecciones específicas para ciertos actos relacionados con sistemas de pagos, garantías públicas y planes de reestructuración que cumplan sus requisitos. La financiación nueva o interina necesita encajar en el régimen aplicable; llamar al contrato «rescate» no proporciona inmunidad.

La documentación más útil incluye ofertas alternativas, tasaciones contemporáneas, aprobación societaria, extractos, destino de fondos y justificación comercial. Una valoración creada años después puede ayudar, pero será más discutible si no explica el estado real del activo y del mercado en la fecha de la operación.

Quién reclama y contra quién

La legitimación principal corresponde a la administración concursal. Los acreedores pueden requerirle por escrito que ejercite una acción concreta, identificando el acto y su fundamento. Si no la ejercita dentro de dos meses desde el requerimiento, se abre la legitimación subsidiaria en los términos legales. El acreedor actúa a su costa y riesgo, con el régimen de reembolso previsto si obtiene un resultado favorable. 1

La demanda se dirige contra el deudor y quienes fueron parte en el acto. Si se pretende afectar a un tercero adquirente, debe analizarse su intervención procesal y protección. El incidente concursal permite discutir perjuicio, presunciones, contraprestación y buena o mala fe.

Una petición genérica de «investigar todas las transferencias» no sustituye un requerimiento preciso cuando se busca activar legitimación subsidiaria. Conviene seleccionar operaciones, cuantificar su impacto y aportar los indicios disponibles, sin afirmar como probado un fraude todavía no acreditado.

Qué sucede si se estima

La sentencia declara la ineficacia del acto y determina restituciones. En contratos con obligaciones recíprocas, puede ordenar devolver prestaciones con frutos e intereses. Si el bien no puede reintegrarse por la protección de un tercero, puede imponerse su valor con interés legal. La mala fe puede añadir indemnización de daños y alterar la clasificación del derecho a recibir contraprestación. 1

El régimen no es idéntico para contratos recíprocos y actos unilaterales. Tampoco puede suponerse que quien devuelve un bien recuperará inmediatamente todo lo pagado en cualquier circunstancia. La sentencia y la eventual mala fe determinan la consideración del crédito correspondiente.

Rescisión y calificación culpable son procedimientos relacionados por los hechos, pero con presupuestos propios. Una operación rescindida por perjuicio sin fraude no equivale automáticamente a condenar al administrador por insolvencia culpable ni a una responsabilidad penal.

Ejemplo ficticio

Ocho meses antes de solicitar concurso, una sociedad vendió su furgoneta a un socio por 4.000 euros. Una tasación contemporánea la situaba en 15.000 y el comprador solo acredita un pago de 2.000. La administración concursal revisa vinculación, precio y contraprestación. El socio puede aportar pruebas del estado del vehículo y de pagos reales, pero la cercanía y el desfase de valor exigen una defensa concreta. El resultado no depende únicamente de que ambos firmaran un contrato.

Preguntas frecuentes

¿Hace falta demostrar intención de engañar?

No para toda rescisión concursal. El artículo 226 permite rescindir actos perjudiciales aunque no exista intención fraudulenta. La mala fe tiene relevancia adicional en determinados efectos.

¿Pagar una factura vencida siempre es rescindible?

No. Deben analizarse circunstancias, perjuicio, normalidad de la operación y las reglas especiales. Un pago ordinario no se equipara automáticamente a una donación.

¿El acreedor puede demandar directamente sin consultar a la administración concursal?

La legitimación subsidiaria exige seguir el requerimiento y plazo previstos. Otras acciones o situaciones necesitan su análisis, pero no debe ignorarse ese requisito legal.