Condiciones de contratación

Versión CONTRACT-2026-08-14-2

Prestador del servicio

La consulta se contrata con Víctor José Burgos Valenciano, NIF 04614439H, abogado ejerciente n.º 11.275 del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, con domicilio profesional y fiscal en Calle Fresadores, 1, 1.º J, 29640 Fuengirola, Málaga, y correo contacto@perezburgosabogados.es. Pérez & Burgos Abogados es su nombre comercial y no una sociedad.

La contratación no supone que Víctor Burgos vaya a prestar personalmente todas las actuaciones. La dirección letrada puede asignar la consulta o una actuación posterior a otro profesional adecuado, informando de su identidad y del alcance correspondiente antes de que asuma el asunto.

Estefanía Pérez Palma, colegiada n.º 11.274 del mismo Colegio, forma parte del equipo profesional y desarrolla principalmente el área de accidentes de tráfico y la mediación familiar. Si un asunto requiere la intervención de otro profesional, se informará al cliente y se documentará el alcance correspondiente.

Servicio, precio y alcance

El precio incluye el análisis inicial de la información facilitada y una consulta jurídica online sobre el asunto descrito. Después del pago, el abogado se pondrá en contacto con el cliente a la mayor brevedad posible, utilizando los datos facilitados durante la contratación, para organizar la consulta. El despacho podrá solicitar documentación mediante el portal privado.

No están incluidos la redacción o presentación de escritos, gestiones ante terceros, negociación, procedimientos de mediación, recursos, procedimientos administrativos o judiciales, asistencia a vistas, procurador, peritos, desplazamientos ni otras actuaciones posteriores. Si resultan convenientes, se informará previamente de su alcance, profesional responsable y presupuesto.

Los honorarios orientativos publicados para procedimientos laborales se refieren a asuntos individuales de complejidad ordinaria iniciados desde su primera fase. La parte fija remunera las actuaciones incluidas aunque no se alcance el resultado pretendido; el porcentaje variable solo se devenga sobre el resultado económico definido en la hoja de encargo. Acumulación de acciones, recursos, ejecución, procurador, peritos, informes y otros gastos externos se presupuestan por separado.

La valoración inicial de accidentes de tráfico y la valoración inicial de los recorridos España–Italia se ofrecen gratuitamente desde sus formularios específicos y no requieren este proceso de pago.

Cómo se celebra el contrato

1. El usuario elige el tipo de consulta y revisa el precio total.
2. Introduce los datos necesarios y puede corregirlos antes de continuar.
3. Lee la información de privacidad y acepta estas condiciones mediante casillas separadas.
4. Si desea recibir el servicio antes de que terminen los catorce días de desistimiento, lo solicita expresamente.
5. Stripe muestra el importe final y el usuario confirma el pago mediante un botón que indica la obligación de pago.
6. La contratación queda perfeccionada cuando Stripe confirma el cargo y Pérez & Burgos remite la confirmación por correo.
7. El cliente recibe la confirmación por correo y puede aportar documentación mediante un enlace privado. El abogado se pondrá en contacto a la mayor brevedad posible para organizar la consulta.

El contrato se celebra en español. La información introducida puede corregirse regresando al formulario antes del pago. La prueba de la contratación y la versión aceptada se archivan de forma privada durante el plazo legal aplicable; el cliente recibe por correo los elementos esenciales y puede conservar o imprimir estas condiciones.

Prestación, documentación y cambios

Tras el pago se habilita un enlace privado, normalmente disponible durante 30 días, para cargar documentación. La aportación de archivos es opcional salvo que el abogado indique lo contrario, no amplía el servicio contratado ni supone que el despacho acepte actuaciones distintas de la consulta.

El cliente debe facilitar información veraz, advertir de plazos urgentes y conservar los originales. El pago de una consulta no garantiza un resultado ni la viabilidad del asunto. Si existe conflicto de intereses, imposibilidad profesional o una materia que no pueda asumirse, se informará al cliente y se aplicará la solución legal y contractual correspondiente, incluido el reembolso cuando proceda.

La fecha y el medio de atención se acordarán directamente con el cliente. Cualquier cambio podrá solicitarse respondiendo al correo del despacho. Las consecuencias de una incomparecencia, retraso o cancelación se valorarán atendiendo al servicio efectivamente prestado, los costes incurridos y la normativa de consumo, sin imponer penalizaciones automáticas desproporcionadas.

Derecho de desistimiento

Cuando el cliente sea consumidor puede desistir del contrato durante catorce días naturales desde su celebración, sin necesidad de justificar la decisión. Para ejercerlo basta una declaración inequívoca enviada antes de que venza el plazo a contacto@perezburgosabogados.es o al domicilio profesional indicado.

Si el cliente solicita expresamente que el servicio empiece durante ese plazo y desiste cuando ya se ha prestado una parte, deberá abonar la parte proporcional efectivamente ejecutada. El derecho de desistimiento se pierde cuando el servicio ha sido completamente ejecutado, siempre que la ejecución haya comenzado con solicitud expresa y conocimiento de esa consecuencia. El pago por sí solo no implica la pérdida automática del derecho.

Si procede el reembolso, se realizará sin demora indebida y, como máximo, en catorce días desde la comunicación, utilizando el mismo medio de pago salvo acuerdo expreso distinto.

Atención, reclamaciones y normativa

Las consultas sobre el contrato, quejas y reclamaciones pueden enviarse a contacto@perezburgosabogados.es o al domicilio profesional. Existen hojas oficiales de quejas y reclamaciones de la Junta de Andalucía; pueden obtenerse y tramitarse mediante el sistema HOJ@ y por los demás canales previstos legalmente.

El servicio se rige por la legislación española de contratación electrónica y consumo, el Estatuto General y el Código Deontológico de la Abogacía. Las controversias se someterán a los órganos competentes conforme a las normas imperativas de protección de consumidores y usuarios; estas condiciones no limitan derechos legalmente reconocidos.