Gastos futuros tras un accidente: vivienda, movilidad y ayuda

Si la vivienda no puede adaptarse y es necesario adquirir o alquilar otra adaptada de características similares, la ley contempla la diferencia de valor de venta o de renta capitalizada, junto con los gastos de esa operación, dentro del mismo límite. La comparación tiene en cuenta ubicación, tamaño y calidades. No se reconoce automáticamente todo el precio de la vivienda elegida.

Prueba útil: informe funcional que relacione las barreras con las secuelas; valoración técnica de las obras posibles y de su coste. Si se plantea un cambio, conviene documentar por qué la adaptación no es posible y comparar viviendas de características similares. Son ejemplos de prueba, no un listado cerrado obligatorio para todo caso.

Ejemplo de preparación, sin cuantía: si el baño y el acceso impiden desenvolverse con la autonomía necesaria, identifica las barreras y las soluciones técnicamente viables. La existencia de una lesión, por sí sola, no demuestra el coste ni la necesidad de mudarse.

También se consideran las futuras adaptaciones según la edad y la vida útil prevista por la ley, y el sobrecoste de desplazarse cuando no se adapta ni adquiere vehículo y existen graves dificultades para utilizar transporte público y mantener las actividades habituales. No es una indemnización automática para comprar cualquier coche.

Prueba útil: necesidades de desplazamiento, limitaciones funcionales, situación anterior, alternativas de adaptación y presupuestos, valoración del vehículo sustituido y costes adicionales de transporte. La reparación del coche dañado en el accidente y la movilidad futura por secuelas responden a conceptos diferentes; no debe cobrarse dos veces el mismo coste.

Los artículos 113 y 114 regulan determinadas necesidades sanitarias previsibles de las secuelas, con reglas sobre su gravedad, periodicidad y acreditación. La ley prevé supuestos que dan lugar a esa compensación, presunciones y otros que requieren prueba pericial médica específica.

La asistencia hospitalaria y ambulatoria de esta vía se financia mediante pagos de la aseguradora a los servicios públicos de salud o mutuas colaboradoras, con arreglo a la legislación y los convenios aplicables. No es un capital libre para el lesionado. La asistencia especializada domiciliaria que no puede prestarse mediante ayuda no sanitaria exige distinguir ambas necesidades.

La cirugía plástica necesaria para corregir un perjuicio estético tiene, además, una regla expresa de compatibilidad con su indemnización en el artículo 101.4. Deben concretarse la necesidad y el coste de la intervención; no se confunde el gasto de corregir la lesión con la valoración del perjuicio estético.

El informe médico debe concretar su necesidad, coste y periodicidad de renovación. La valoración considera la secuela, la edad, la vida útil y las circunstancias personales. El límite tabular de prótesis y órtesis es por recambio; eso no equivale a multiplicarlo automáticamente por un número de años.

Tiene supuestos clínicos específicos y máximos por grupos. Deben acreditarse la necesidad, periodicidad y cuantía mediante el informe médico. La reforma de 2025 amplió los grupos y estableció reglas de concurrencia: no conviene sumar los máximos de varias secuelas sin examinarlas.

Esta partida atiende a productos necesarios a lo largo de la vida por pérdida de autonomía grave o muy grave. También exige justificar necesidad, renovaciones y coste. Un mismo aparato o instalación no puede incluirse dos veces como producto de apoyo y como medio técnico de adaptación de la vivienda.

La ley utiliza una tabla de necesidad por secuela y contempla casos en los que, sin alcanzar los umbrales generales de puntos, la autonomía resulta especialmente afectada. En supuestos no previstos se necesita acreditar mediante pericial médica una pérdida de autonomía análoga. No basta con trasladar sin más un grado administrativo de dependencia al baremo del accidente.

Las horas se determinan a la estabilización. Si varias secuelas necesitan ayuda existen reglas de combinación, y si había una necesidad anterior que se agrava hay que distinguir el estado previo y el posterior. La reforma de 2025 modificó esa fórmula y el redondeo; no se suman simplemente todas las horas.

La cuantía se obtiene con las tablas y reglas actuariales correspondientes. Influyen edad, duración, prestaciones públicas y otros parámetros. Conviene comprobar qué prestaciones contempla el cálculo y cuáles corresponden realmente, evitando descontarlas dos veces. No es una operación de horas por salario por años de vida.

Prueba útil: informe de autonomía y de las tareas para las que hace falta ayuda; distribución razonada de tiempos; información del estado previo; plan de atención; resoluciones de prestaciones, y contratos o pagos si existen. Estas referencias sirven para preparar la revisión, no para sustituir la valoración médica.

Si la persona está ingresada permanentemente y la aseguradora asume los gastos asistenciales del centro, la ley excluye añadir la indemnización de ayuda de tercera persona en ese supuesto. Si no está ingresada, puede acordarse con la aseguradora un servicio domiciliario vitalicio en lugar de esa indemnización. Debe comprobarse qué cubre cada prestación antes de acumular conceptos.

Además, el artículo 36.3 contempla excepcionalmente gastos de tratamiento médico y psicológico de familiares de grandes lesionados por las alteraciones psíquicas que les haya causado el accidente, durante un máximo de doce meses. Esto no convierte cualquier gasto familiar ni todos los ingresos dejados de obtener por un cuidador en una partida autónoma.

Las tablas de 2026 publican máximos económicos para determinadas partidas; un máximo no demuestra el gasto ni garantiza percibirlo. La tabla de ayuda de tercera persona tiene reglas actuariales propias. Deben comprobarse también la fecha de estabilización, la tabla correspondiente, las reglas de actualización al pago y el efecto de los intereses. No basta con aplicar un 2,9 % a cualquier total antiguo.

En la tabla 2.C de 2026 figuran, entre otros, estos límites: vivienda y ayudas técnicas, 196.036,78 € en sus partidas respectivas; incremento de movilidad, 78.414,71 €; prótesis y órtesis, 65.345,59 € por recambio. Cada concepto mantiene sus propios requisitos y no puede repetirse un mismo coste.

La rehabilitación tiene máximos anuales por grupos. La asistencia sanitaria y la ayuda personal remiten a sus tablas y reglas específicas; no hay una suma general para todos los lesionados. Consulta la tabla 2.C oficial de 2026, página 12.

Si la adecuación no es posible y resulta necesario adquirir o arrendar otra vivienda adaptada de características similares, el artículo 118 contempla la diferencia de valor en venta o de renta capitalizada y los gastos de la operación, hasta el límite de la partida. Deben justificarse la necesidad y la pérdida de autonomía personal grave o muy grave.

Sí, la ley contempla ayuda no sanitaria se pague o no. Deben acreditarse la necesidad, las tareas, las horas y los requisitos de la partida; el parentesco no determina por sí solo la cuantía.

No se trata un gasto futuro como si ya se hubiera realizado. El informe sobre necesidad, periodicidad y duración y una valoración fundamentada ayudan a acreditarlo. Los gastos ya realizados tienen su propia prueba.

El artículo 43 permite revisión por alteración sustancial de las circunstancias o daños sobrevenidos. No significa que cualquier gasto posterior reabra automáticamente un acuerdo; debe revisarse el caso.