Resolución familiar extranjera: cómo preparar su reconocimiento en España

Inscribir, reconocer y ejecutar son actuaciones diferentes

Una resolución extranjera puede contener divorcio, custodia, alimentos u otros pronunciamientos. No todos siguen la misma vía para producir efectos en España. Antes de pedir traducciones o contratar un exequátur, concreta qué necesitas.

• Estado civil: hacer constar un divorcio, separación o nulidad.
• Responsabilidad parental: invocar o hacer cumplir medidas sobre un menor.
• Cantidades: reclamar alimentos u otras obligaciones económicas.
• Otros efectos: identificar por separado patrimonio, adopción o filiación.

Reconocer una resolución permite que despliegue efectos; ejecutarla supone pedir su cumplimiento forzoso. La inscripción registral tiene también sus comprobaciones y documentos propios.

El país, la materia y la fecha determinan el recorrido

• Normas europeas y convenios: se comprueban antes de aplicar la Ley 29/2015, que actúa de forma subsidiaria.
• Reglamento (UE) 2019/1111: cuando resulta aplicable, regula materias matrimoniales y responsabilidad parental; prevé el reconocimiento sin un procedimiento especial. Eso no elimina la necesidad de aportar la documentación exigible.
• Fecha del procedimiento: el régimen transitorio atiende a cuándo se inició, no solo al día de la sentencia. La frontera general del artículo 100 es el 1 de agosto de 2022.
• Materias excluidas: alimentos, filiación y adopción, entre otras, no se someten por ese solo hecho al Reglamento 2019/1111. Debe identificarse su normativa propia.

No se necesita siempre un exequátur. Cuando sí corresponda conforme al régimen aplicable, será una actuación judicial con sus requisitos de reconocimiento y, en su caso, ejecución.

Pide los documentos adecuados antes de asumir gastos

• Resolución íntegra: copia auténtica y anexos, no solo la primera página o el fallo.
• Procedimiento de origen: país, autoridad, fecha de inicio y fecha de resolución.
• Notificaciones: prueba del emplazamiento y de la comunicación de la resolución, especialmente si una parte no compareció.
• Firmeza o fuerza ejecutiva: acreditación que corresponda al efecto y régimen invocados.
• Certificado europeo: si se aplica el Reglamento 2019/1111, certificado adecuado expedido por la autoridad de origen; el anexo II se refiere a resoluciones matrimoniales y el III a responsabilidad parental.
• Traducción y autenticidad: comprueba qué exige la autoridad destinataria. Dentro del Reglamento 2019/1111 no se exige legalización ni formalidad análoga; fuera de él hay que revisar la regla o convenio aplicable.
• Situación en España: inscripción existente, domicilio y otros procedimientos o resoluciones relacionados.

Una apostilla no reconoce el contenido de la decisión ni sustituye un certificado, una traducción o el procedimiento que corresponda.

El reconocimiento no es una segunda oportunidad para discutir todo el caso

En el régimen de la Ley 29/2015 no se revisa de nuevo el fondo. Sí se examinan sus requisitos y posibles causas de denegación, como una lesión manifiesta de la defensa, una incompatibilidad relevante con otras resoluciones o el orden público.

Si hay discrepancia sobre competencia, notificaciones, autenticidad o efectos sobre menores, aporta los documentos completos. La traducción de una sentencia no garantiza por sí sola que vaya a reconocerse.

Si existe un riesgo inmediato para un menor o una actuación señalada, indícalo desde el primer contacto. La necesidad de protección debe valorarse por su cauce sin esperar a reunir una carpeta perfecta.

Delimita cada actuación antes del encargo

• Estudio inicial: determinar el régimen y el efecto que se pretende.
• Documentación: identificar certificados, traducciones y actuaciones en origen.
• Trámite: inscripción, reconocimiento o exequátur, según corresponda.
• Ejecución: confirmar si forma parte del encargo o requiere una actuación posterior.

La ficha de reconocimiento de resoluciones familiares extranjeras publica el exequátur desde 1.290 €, IVA incluido. Esa referencia corresponde a dicha actuación cuando sea necesaria; no es una tarifa universal para cualquier resolución extranjera. Traducción, apostilla y procurador se abonan aparte cuando procedan. Recibirás el alcance y el presupuesto antes de contratar.

Si el problema es un cambio de residencia o una salida de un menor, revisa también la guía sobre traslados de menores y los servicios de familia internacional.