Falsedad en justificantes y documentos privados

Modificar un justificante, imitar una firma o crear una factura inexistente puede tener consecuencias penales, laborales y civiles. La respuesta depende del documento, de la alteración realizada, de su finalidad y de cómo se utilizó. No toda mentira escrita constituye falsedad documental, pero tampoco es necesario que el soporte sea papel: un archivo digital puede cumplir una función probatoria y entrar en el concepto penal de documento. 1

Identificar qué documento existe realmente

El artículo 26 del Código Penal ofrece el concepto de documento a estos efectos. Después hay que distinguir documento público, oficial, mercantil, privado y certificados con regulación específica. Un justificante médico, una nómina, una transferencia y un contrato firmado entre particulares no deben calificarse automáticamente de la misma manera. 1

Interesa comprobar quién aparece como emisor, qué hechos acredita, frente a quién se presentó y qué efectos se pretendían obtener. Una captura de una transferencia no ejecutada puede utilizarse para conseguir la entrega de un producto; un certificado falso puede pretender justificar una ausencia. La función real y la apariencia generada son esenciales para elegir el tipo aplicable.

Alteración material, simulación y contenido inexacto

Los artículos 390 y siguientes describen modalidades de falsedad. Para documentos privados, el artículo 395 remite a los tres primeros números del artículo 390.1 y exige finalidad de perjudicar a otro. No debe trasladarse sin más a un particular toda modalidad prevista para autoridades o funcionarios. Una afirmación inexacta y la simulación de un documento auténtico plantean problemas distintos. 1

Son relevantes la sustitución de fechas, cantidades, firmas, identidades o elementos esenciales. También puede discutirse si el cambio tenía aptitud para engañar o era una alteración inocua y visible. El análisis no se agota en que un programa permita editar un PDF: debe probarse quién lo hizo, qué alteró y con qué conocimiento.

La frontera del documento mercantil

La STS 232/2022, de 14 de marzo, recurso 2509/2019, ECLI:ES:TS:2022:965, delimitó el concepto penal de documento mercantil atendiendo a su aptitud para afectar a la seguridad colectiva del tráfico jurídico. La crónica oficial del Tribunal Supremo explica que no todo documento elaborado entre comerciantes merece por ese solo dato la protección reforzada del artículo 392. 3

El criterio obliga a estudiar el documento concreto y no supone que falsificar contratos privados resulte impune. Puede corresponder el artículo 395 si concurren sus elementos, o existir otros delitos relacionados. La fuente utilizada aquí es el resumen oficial de la resolución; no se presenta como una reproducción íntegra de sus fundamentos.

Crear y utilizar son actuaciones diferentes

El Código Penal diferencia la falsificación de determinados usos conscientes de documentos falsos. Quien no creó el archivo puede asumir responsabilidad por presentarlo con conocimiento de su falsedad en los supuestos legalmente previstos. A la inversa, reenviar un documento sin conocer la manipulación no permite atribuir automáticamente el mismo dolo. 1

Debe reconstruirse la cadena: origen, descarga, edición, envío, recepción y utilización. Los metadatos pueden ayudar, pero no siempre identifican por sí solos al autor. Un nombre de usuario en un equipo compartido o una fecha de creación modificada por una exportación necesitan interpretación. La pericial debe examinar originales y explicar limitaciones técnicas.

Relación con estafa, despido y responsabilidad económica

Si el documento se usa para obtener un pago o una entrega patrimonial mediante engaño, puede plantearse estafa y las reglas de concurso correspondientes. No se suman delitos de manera automática: es necesario valorar qué falsedad existe, qué perjuicio se produjo y la relación entre conductas. 1

En el trabajo, la utilización de un justificante manipulado puede tener consecuencias disciplinarias aunque el resultado penal sea distinto. La impugnación de un despido o sanción tiene sus propios plazos; esperar al procedimiento penal puede hacer perder una acción laboral. También puede existir obligación de devolver cantidades obtenidas indebidamente. Cada vía necesita una estrategia coordinada.

Qué conservar y qué no hacer

Mantenga el archivo original recibido y el enviado, correos con cabeceras, mensajes completos, versiones, registros de acceso y documentos auténticos de comparación. No sobrescriba el archivo discutido para corregirlo: preserve primero una copia íntegra y documente cualquier rectificación posterior. Si se detecta una falsedad en un expediente propio, una comunicación adecuada puede ser relevante, pero debe prepararse con asesoramiento.

La empresa o persona perjudicada tampoco debe inspeccionar sin límites dispositivos privados para buscar pruebas. Hay que identificar permisos, políticas y alcance de acceso. Una investigación desproporcionada puede generar conflictos de intimidad y dificultar la utilización del material. 2

Ejemplo ficticio

Una persona envía a un vendedor una imagen que parece justificar una transferencia. El producto se entrega, pero el dinero no llega. La investigación obtiene el archivo original, la conversación y la información bancaria. Debe determinar si se simuló deliberadamente el justificante, si el destinatario confió en él y qué perjuicio produjo. Si la imagen procedía de una orden pendiente que después se canceló, también importa cuándo se conoció esa cancelación y qué se comunicó al vendedor.

Preguntas frecuentes

¿Una fotocopia puede ser objeto de falsedad? Su función, apariencia y utilización deben analizarse. No existe una exclusión general por tratarse de copia o archivo digital. 1

¿Corregir el documento después elimina la responsabilidad? No necesariamente. Puede influir en la prueba, el perjuicio o la reparación, pero no borra automáticamente una conducta ya realizada. 1

¿Si no obtuve dinero no hay delito? Algunos tipos no requieren el mismo resultado patrimonial que una estafa. Deben examinarse el perjuicio exigido, la finalidad y el grado de ejecución del tipo concreto. 1