Desacuerdos sobre colegio, salud y autorizaciones de los hijos

1. Lee la resolución y concreta la decisión pendiente

Revisa sentencia, convenio, plan de parentalidad y resoluciones posteriores. Pueden existir atribuciones específicas sobre educación, salud, documentación o información. No basta con recordar que hay custodia compartida o exclusiva: guarda y ejercicio de la patria potestad son planos diferentes.

Formula la discrepancia de manera concreta: mantener o cambiar de centro, autorizar una intervención indicada, expedir un documento o decidir una actividad con consecuencias relevantes. Evita solicitar genéricamente «poder decidir sobre todo» cuando el problema es una matrícula. Una pretensión delimitada permite comparar alternativas y conocer qué pruebas necesita el tribunal.

Esta guía distingue el Código Civil común de la regulación catalana. Cuando resulte aplicable el Derecho civil catalán, deben revisarse el plan de parentalidad y las reglas de potestad parental, incluidos los artículos 233-9 y 236-13. La residencia actual no es el único dato que determina la normativa aplicable. 1 2

2. Diferencia decisiones ordinarias, relevantes y urgentes

Los actos cotidianos compatibles con el régimen establecido no exigen reproducir una negociación formal cada día. Otra cosa es una decisión con efectos relevantes y duraderos, especialmente si hay oposición expresa del otro progenitor. El Código Civil contempla el ejercicio conjunto, el consentimiento y los actos conformes al uso social o realizados por urgente necesidad. 1

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No cualquier viaje equivale a cambiar la residencia habitual. Tampoco una autorización para obtener un pasaporte resuelve por sí sola todas las condiciones de un desplazamiento. Hay que identificar la decisión exacta y los requisitos del trámite concreto.

3. En salud, incorpora al menor y al equipo sanitario

La decisión médica no depende solo del acuerdo entre adultos. La legislación sanitaria atiende a la capacidad del menor para comprender la intervención y establece reglas específicas para el consentimiento por representación. En menores emancipados o mayores de dieciséis años, rige como regla su propio consentimiento, con las excepciones legales, entre ellas actuaciones de grave riesgo para su vida o salud apreciadas por el facultativo. 3

Solicita un informe que explique necesidad, alternativas, riesgos y urgencia, sin pedir al profesional que resuelva el conflicto jurídico familiar. Si existe riesgo inmediato grave y no es posible obtener autorización, la ley contempla actuaciones clínicas indispensables; no debe demorarse la atención necesaria esperando una discusión de calendario judicial. 3

Hay además reglas específicas sobre atención psicológica en determinados contextos de violencia. Deben comprobarse sus presupuestos y las resoluciones protectoras existentes. No debe proponerse mediación ni contacto directo cuando la normativa o las medidas vigentes lo impidan. 1 4

4. Negocia una propuesta verificable y revisa el MASC

Envía una propuesta con la información necesaria: centro o tratamiento, razones, coste, fecha límite y alternativas. Permite una respuesta real, evitando presentar como libre elección una decisión ya ejecutada. Si hay informes, comparte la información pertinente por un canal compatible con las medidas judiciales y con la privacidad del menor.

La Ley Orgánica 1/2025 incluye expresamente los expedientes de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad entre los supuestos de jurisdicción voluntaria para los que debe revisarse la negociación previa. Por eso no es correcto afirmar que todos estos expedientes quedan exentos de MASC. La solicitud de medidas protectoras del artículo 158 del Código Civil tiene un tratamiento distinto y está exceptuada. 4

Conserva la acreditación del intento y su objeto, respetando la confidencialidad de las propuestas. La negociación no permite disponer libremente de los derechos del menor ni convierte cualquier acuerdo perjudicial en válido.

5. Qué puede solicitarse a la autoridad judicial

En Derecho común, ante un desacuerdo la autoridad judicial puede atribuir a uno de los progenitores la facultad de decidir la cuestión, después de oír a ambos y al hijo conforme a su madurez y a las reglas legales de audiencia. Si los desacuerdos son reiterados o dificultan gravemente el ejercicio, pueden distribuirse funciones o atribuirse temporalmente; la medida del artículo 156 no puede exceder de dos años. 1

La jurisdicción voluntaria regula este expediente y su competencia. Debe comprobarse especialmente si ya existe una resolución que estableció el ejercicio conjunto, porque influye en el órgano competente. La petición debe explicar la alternativa propuesta, la discrepancia acreditada y el beneficio concreto para el menor. 5

Si el problema real es modificar estructuralmente la guarda o proteger frente a un peligro, un expediente sobre una decisión aislada puede resultar insuficiente. La vía se elige por lo que se necesita resolver, no por el nombre más sencillo del formulario.

6. Documentos que ayudan y documentos que distraen

Reúne las resoluciones familiares, la propuesta enviada, la respuesta o constancia de ausencia de respuesta y los documentos objetivos de cada alternativa. Para un colegio: admisión, distancias, horarios, apoyos educativos y costes. Para salud: informe clínico pertinente, opciones y calendario. Para una autorización: requisitos de la entidad y fecha límite.

Las conversaciones deben mostrar el desacuerdo actual, no años de reproches ajenos a la decisión. Evita incorporar información clínica innecesaria o exponer al menor públicamente. Su opinión puede ser relevante, pero no debe obtenerse mediante presión, grabaciones dirigidas o una elección forzada entre progenitores. Escucharlo no significa cargarle la responsabilidad final.

7. Ejemplo ficticio y preparación del calendario

Nuria quiere cambiar a su hija a un colegio más próximo a su nuevo trabajo. Óscar prefiere mantener el centro actual. La matrícula termina en seis semanas. La comparación útil incluye desplazamientos desde ambos domicilios, apoyos que recibe la niña, continuidad de sus relaciones, horarios y coste real.

Nuria envía una propuesta completa y Óscar plantea una alternativa. Si no hay acuerdo, la petición judicial puede centrarse en atribuir la decisión escolar para ese curso. No basta alegar que uno de los centros «es mejor». Conviene comenzar a tiempo: la existencia de una fecha de matrícula no garantiza por sí sola una resolución judicial inmediata.

8. Errores frecuentes

Son especialmente problemáticos matricular primero y consultar después, interpretar cualquier silencio como consentimiento o confundir el pago de una actividad con la autorización para realizarla. También lo es pedir al colegio que resuelva una contradicción entre resoluciones sin aportar los documentos completos.

Una negativa debe poder explicarse desde las necesidades del hijo, no como intercambio por dinero o estancias. Si la decisión ya se adoptó y se está ejecutando, debe analizarse qué medidas son todavía útiles y qué efectos tendría deshacerla.

9. Preguntas frecuentes

¿La custodia exclusiva permite cambiar de colegio sin consultar? No necesariamente. Hay que revisar el ejercicio de la potestad parental, la resolución y la naturaleza de la decisión. 1 2

¿Decide el hijo cuando cumple doce años? Tiene derecho a ser oído en los términos legales; no adquiere por ello una facultad general para resolver por sí solo el desacuerdo familiar. 1

¿Debo esperar a negociar si existe peligro inmediato? La protección urgente tiene cauces y excepciones propios. Deben exponerse hechos concretos y solicitar la medida necesaria, sin confundir urgencia real con conveniencia personal. 4

Para preparar la actuación, facilita las resoluciones, la decisión pendiente, su fecha límite y los informes de las alternativas. Así puede definirse una petición proporcionada y comprobar qué negociación o protección procede.