Abuso patrimonial de una persona mayor

Proteger el patrimonio respetando a su titular

Retiradas inexplicadas, préstamos que la persona no recuerda, poderes utilizados para beneficiar al apoderado o presión para transmitir una vivienda pueden revelar abuso patrimonial. La respuesta debe proteger a la persona y conservar pruebas, respetando su autonomía. Ser mayor no impide regalar, gastar o elegir a quién ayudar. La familia no tiene derecho a conservar intacta una futura herencia. 1

Lo primero es separar tres preguntas: qué ocurrió con el dinero, quién podía actuar jurídicamente y si la persona consintió libremente y con los apoyos necesarios. Una mala decisión económica no equivale siempre a un delito; un movimiento formalmente firmado tampoco excluye engaño, presión o utilización abusiva de la representación. 1 2

Señales que conviene comprobar

Son indicios relevantes los cambios repentinos en autorizados, transferencias repetidas al cuidador, aislamiento respecto a personas de confianza, facturas inexistentes, ventas muy inferiores al valor o nuevos préstamos sin utilidad para el titular. Cada indicio debe contrastarse. El uso frecuente de efectivo, por sí solo, no prueba apropiación.

Si es posible, conviene hablar con la persona en un entorno tranquilo y sin quien pueda estar influyendo. Deben facilitarse audífonos, intérpretes o medios accesibles y evitar preguntas que sugieran respuestas. Interesa saber qué comprendió, qué deseaba hacer y qué explicación recibió sobre los efectos. La existencia de una discapacidad requiere apoyos adecuados, no prescindir de su versión. 1

Documentos que permiten reconstruir los hechos

El expediente inicial debería ordenar extractos, justificantes de transferencias, contratos, escrituras de poder, recibos, comunicaciones y cronología de acontecimientos. Si hubo una venta, importan precio, tasación, destino de fondos y gastos pagados. Si se invoca remuneración por cuidados, habrá que comprobar qué se acordó y cómo se justificaba. 1

Los informes médicos pueden ayudar a conocer la situación en la fecha del acto, pero un diagnóstico posterior no demuestra automáticamente que faltara consentimiento meses antes. Son útiles las observaciones contemporáneas de profesionales y testigos y los documentos que permitan reconstruir la operación concreta.

No debe obtenerse información accediendo sin autorización a correos, banca electrónica o dispositivos. El titular, su representante legítimo o la autoridad competente podrán pedir la documentación por los cauces adecuados. Ser hijo no confiere acceso ilimitado a datos bancarios o sanitarios. Si el representante sospechoso tiene conflicto, puede ser necesario otro apoyo o un defensor judicial. 1 3

Medidas para detener el riesgo

Cuando la persona puede decidir con los apoyos oportunos, debe valorarse con ella la revocación del poder, la retirada de autorizaciones y los cambios bancarios necesarios. Importa comunicar formalmente las modificaciones a quienes deban conocerlas y conservar constancia. Cambiar una contraseña no revoca por sí mismo una escritura de poder. 1

Si hay riesgo grave y no existe apoyo suficiente, pueden solicitarse medidas judiciales de protección personal o patrimonial, controles, rendición de cuentas, suspensión del curador o nombramiento de defensor. La LEC contempla medidas cautelares en este ámbito; la urgencia y la proporcionalidad deben acreditarse con hechos, no con una petición indiscriminada de bloquear todos los recursos. 1 3

Si se conoce un peligro inmediato, violencia o una operación delictiva en curso, procede acudir a los servicios de emergencia o a las autoridades competentes. La protección de la persona no debe esperar a cerrar el cálculo de todos los perjuicios.

Recuperar cantidades y revisar negocios

La vía civil depende del título de la actuación. Puede consistir en exigir cuentas al mandatario, reclamar devolución de cantidades, indemnizar daños, impugnar un contrato por vicio del consentimiento o actuar frente a quien contrató excediendo las facultades concedidas. Cada pretensión requiere identificar demandados, hechos y consecuencias concretas. 1

Los contratos celebrados por una persona con discapacidad sin las medidas de apoyo precisas tienen un régimen específico de anulabilidad. No todo contrato de una persona con apoyos es inválido. Importan la medida que faltó, el conocimiento de la otra parte, el eventual aprovechamiento y quién está legitimado para impugnar. También deben estudiarse ratificación y restituciones. 1

Los plazos varían. El artículo 1301 fija una caducidad de cuatro años para determinadas acciones de anulación, con puntos iniciales distintos según la causa; en el supuesto de prescindir de apoyos necesarios los computa desde la celebración del contrato. No debe generalizarse «cuatro años desde descubrir el abuso». La responsabilidad del curador tiene además una prescripción específica de tres años desde la rendición final de cuentas en el artículo 294. Otras acciones y derechos civiles territoriales pueden seguir regímenes diferentes. 1

Las reclamaciones patrimoniales civiles pueden exigir negociación previa conforme a la Ley Orgánica 1/2025, según su objeto. Las medidas urgentes y la provisión de apoyos tienen sus excepciones. Preparar una reclamación económica no debe retrasar una protección cautelar necesaria. 3 4

Cuándo existe también una cuestión penal

Según los hechos, puede haber estafa, administración desleal o apropiación indebida. La denuncia debe explicar operaciones, personas, documentos y perjuicio, evitando sustituir el relato por una lista de delitos. La investigación penal y la restitución civil deben coordinarse para no formular peticiones incompatibles. 2

La excusa absolutoria familiar del artículo 268 no equivale a impunidad general entre parientes. Tiene sujetos y condiciones delimitados, mantiene la responsabilidad civil y excluye, entre otros supuestos, el abuso de vulnerabilidad por edad o discapacidad. Tampoco todo conflicto económico familiar reúne ese elemento: debe probarse. 2

Ejemplo ficticio

Andrés descubre transferencias desde la cuenta de su madre a un familiar apoderado. Ella explica que autorizó pagar gastos, pero no regalar los ahorros. Se obtiene legítimamente la escritura, se compara su alcance con los movimientos y se piden justificantes. Mientras se analiza la recuperación, la madre revoca el poder con los apoyos que necesita y comunica la revocación. Si una parte de los pagos corresponde a cuidados efectivamente pactados, habrá que separarla de las cantidades injustificadas.

Preguntas frecuentes

¿Puedo impedir que mi padre haga una donación que me parece injusta? El desacuerdo no basta. Debe examinarse si decide libremente, comprende el acto y se cumplen sus requisitos legales. 1

¿Una escritura notarial hace imposible reclamar? No. Aporta garantías y prueba, pero no excluye examinar vicios, abuso de representación o incumplimientos acreditados. 1

¿Es necesario obtener primero una curatela? No en todos los casos. La persona puede actuar por sí misma con apoyo suficiente; también existen medidas urgentes y defensores para problemas concretos. 1 3